Cruce por la crisis social: la Ciudad le pasa la factura a la Provincia por las personas en situación de calle
La administración porteña elevó un reclamo formal para que la Provincia de Buenos Aires asuma los costos de asistencia a miles de bonaerenses que hoy son atendidos en la Ciudad.
En medio de una tensión política que escala, el Gobierno de la Ciudad le exigió al gobernador Axel Kicillof que cubra los gastos de atención de personas en situación de calle con domicilio bonaerense. La disputa no es menor: involucra cifras millonarias y la responsabilidad directa sobre una problemática social crítica.
“Es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno”, lanzó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en un mensaje directo que marca el tono del conflicto entre ambas jurisdicciones.
El reclamo se apoya en el Decreto 373/2025, que establece que cada distrito debe hacerse cargo de las personas en situación de calle dentro de su territorio. Sin embargo, según denuncian desde la Ciudad, la Provincia no estaría cumpliendo con esa obligación.
Hoy, en los Centros de Inclusión Social porteños se asiste al menos a 2.327 personas provenientes de territorio bonaerense. Esto implica un fuerte impacto en el presupuesto local.
📊 Datos clave del conflicto:
- Costo mensual por persona: $1.163.135
- Costo total acumulado: $27.066.151.450
- Personas asistidas en total: 4.626
- Centros disponibles: 61 en toda la Ciudad
Los ministros Gabriel Mraida y Gustavo Arengo enviaron una carta formal al ministro bonaerense Pablo López solicitando la transferencia urgente de fondos para cubrir tanto los gastos actuales como la deuda acumulada.
Desde el Ejecutivo porteño remarcan que esta situación genera un “perjuicio directo” para los vecinos de la Ciudad, ya que los recursos destinados a esta asistencia podrían utilizarse en otras áreas clave.
Además, el sistema de contención incluye una red compleja y activa las 24 horas:
- Más de 70 móviles recorriendo las calles 🚐
- Línea 108 y atención vía chatbot
- Centros especializados según perfil: familias, mujeres víctimas de violencia, personas con adicciones o problemas de salud mental
También funcionan dispositivos de primer acercamiento donde se brinda comida, higiene y contención inmediata.
En el corazón de esta disputa está la discusión sobre cómo se distribuyen las responsabilidades en políticas sociales en un contexto de crisis. La normativa vigente es clara en cuanto a la jurisdicción, pero su aplicación evidencia fallas estructurales y tensiones políticas. Lo más relevante es que, mientras se debaten competencias y recursos, miles de personas dependen de estos sistemas para sobrevivir, lo que vuelve urgente una solución coordinada y efectiva.
