La Ciudad le ganó la pulseada a los usurpadores: recuperó otra casa tomada en Floresta donde operaba un taller textil clandestino

A cuatro años de que una familia dejara de pagar el alquiler, el chalet de Rafaela al 3600 volvió a manos de su dueño legítimo. Puertas adentro, la Policía de la Ciudad encontró máquinas de coser funcionando a destajo, en lo que era, en los papeles, una vivienda familiar.

«La época del ‘vale todo’ se terminó», fue la frase con la que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, resumió el operativo apenas se conoció el desalojo.

El procedimiento se ejecutó por orden de la jueza nacional en lo civil María Victoria Pereira, y los efectivos porteños ingresaron a la propiedad ubicada en Rafaela 3612, a solo dos cuadras de la mítica avenida Rivadavia, en pleno corazón de Floresta. Según pude reconstruir, la vivienda había sido alquilada en su momento a una familia boliviana que, tras apenas seis meses de contrato, directamente dejó de abonar la renta y nunca más se fue.

Lo llamativo es que este caso no es aislado. De hecho, es el tercero de estas características que se destapa este año, y siempre con el mismo denominador común: casas usurpadas que terminan siendo la fachada perfecta para talleres textiles clandestinos. Repasemos:

🧵 En abril, en Parque Chas, cayó otro taller que funcionaba en una casa tomada hacía nada menos que 15 años. Ahí la cosa fue más grave todavía: había menores de edad trabajando y terminó detenido un inmigrante en situación irregular.

🧵 En mayo, en la esquina de Bahía Blanca y Bacacay —otra vez en Floresta—, se clausuró la propiedad recuperada número 800 de la gestión. Los ocupantes llevaban ocho años sin pagar un peso y hasta se daban el lujo de subalquilar habitaciones a terceros.

Las viviendas tomadas, al quedar fuera del radar de cualquier control (no hay contrato, no hay habilitación, no hay inspecciones), se convierten en el escondite ideal para instalar talleres que operan sin ningún tipo de regulación laboral. Es un combo que multiplica el daño: por un lado, el propietario original pierde el uso de su bien durante años; por el otro, se montan estructuras de trabajo precario, muchas veces con jornadas extenuantes y salarios de miseria, lejos de cualquier fiscalización estatal. Entender esta cadena es clave para dimensionar por qué el Gobierno porteño puso el foco ahí. 🔍

«No vinimos a administrar lo que había, vinimos a cambiar lo que estaba mal (…) Ahora devolvemos las propiedades usurpadas a sus legítimos dueños y el barrio recupera el orden y la tranquilidad», cerró Macri, dejando en claro que la política de recuperación de inmuebles llegó para quedarse.

El número final impresiona: en lo que va de la gestión actual, ya se recuperaron propiedades usurpadas equivalentes a unos 450 millones de dólares.